Lima, una metrópoli de más de diez millones de habitantes, enfrenta un colapso estructural en su sistema de movilidad. Carece de un sistema integrado de transporte público, de carga y privado. Datos de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) muestran que millones de ciudadanos gastan más de cuatro horas diarias en trasladarse desde sus hogares hasta sus centros de trabajo. Según el ingeniero Manuel Chamorro, en la capital se producen 27 millones de viajes al día, de los cuales la mitad se realiza en transporte público. Sin embargo, este sistema es, según el arquitecto Rudolf Giese, “informal, inseguro y contaminante”, producto de un modelo basado en empresas dueñas de rutas, propietarios de vehículos tercerizados y choferes sin sueldo fijo ni beneficios sociales que alquilan las unidades para generar los ingresos que sostienen la operación.

 

Este esquema se consolidó en los años noventa con la aparición de las combis y, posteriormente, las cústeres, que aumentaron el número de unidades y agravaron la congestión en Lima y Callao. El ingeniero Jhony Pardavé precisa que ambas ciudades registran 24.5 millones de viajes diarios, pero los sistemas formales como el Metro, el Metropolitano y los corredores apenas cubren el 7% de la demanda. El 40% restante depende de vehículos como buses, microbuses, combis, cústeres, colectivos y taxis, muchos de ellos informales. Entonces, concluye que esta sobreoferta precaria provoca que el limeño promedio pierda al menos una hora más al día de la que debería, sometido a un servicio de pésima calidad.

 

El impacto de esta crisis se evidencia en los rankings internacionales: el índice TomTom 2024 ubicó a Lima entre las diez ciudades más congestionadas del mundo y la primera en Sudamérica, con 155 horas perdidas al año en el tráfico. Informes como “Lima Cómo Vamos” confirman que la calidad del transporte es la segunda preocupación ciudadana, solo detrás de la inseguridad. En horas punta, los limeños pierden hasta 157 horas anuales adicionales.

 

A ello se suma la precariedad del parque automotor en circulación. De los vehículos colectivos intervenidos en 2024, uno de cada tres no contaba con inspección técnica y el 23.6% no tenía SOAT. Muchas unidades superan los 30 años de antigüedad, acumulan múltiples infracciones y circulan en condiciones de deterioro extremo. Un caso emblemático es una combi detectada cerca del óvalo de Santa Anita, con más de 100 mil soles en multas y 12 papeletas graves y muy graves, que pese a ello opera libremente como transporte informal.

 

Para revertir este escenario, se plantea la necesidad de regular y modernizar los servicios tradicionales como combis y cústeres. Una política efectiva podría incluir incentivos como el bono de chatarreo para retirar unidades obsoletas y reemplazarlas por vehículos sostenibles. Resolver esta problemática —que genera un costo anual equivalente al 2.4% del PBI, según el Banco Central de Reserva del Perú— requiere infraestructura moderna, transporte eficiente y decisiones de Estado libres de propuestas populistas, orientadas a la sostenibilidad y mantenimiento a largo plazo del sistema de transporte urbano.