Mientras Lima intenta consolidar su sistema de transporte con criterios de inclusión, otros países de la región han avanzado con políticas más consistentes.

En Brasil, por ejemplo, la inclusión no se centra solo en la discapacidad, sino también en la equidad social. El programa Tarifa Zero ha permitido que, en varias ciudades, el transporte público sea gratuito, ampliando las oportunidades de movilidad para sectores vulnerables. Según el Banco Mundial (2025), estas políticas han contribuido a reducir desigualdades laborales y educativas al conectar zonas periféricas con los centros urbanos. Sin embargo, el reto sigue siendo la uniformidad: la accesibilidad física varía entre regiones, y los sistemas locales no siempre cumplen los estándares federales.

Más al oeste, Colombia ha apostado por la integración y la conectividad. La ciudad de Medellín, reconocida por la Unión Internacional de Transporte Público (UITP), logró vincular barrios altos y periféricos mediante un sistema que combina teleféricos, metro, buses y tranvías. Esta red no solo facilita el desplazamiento, sino que refuerza la idea de que la movilidad también es inclusión social. Aun así, otras urbes colombianas enfrentan rezagos similares a los de Lima: infraestructura incompleta, señalización limitada y dificultades de fiscalización. El progreso existe, pero no siempre avanza al mismo ritmo en todo el país.

Chile representa otro ejemplo destacable. En Santiago, el sistema de transporte ha incorporado criterios de accesibilidad universal de manera sostenida. El Metro de Santiago cuenta con ascensores, señalización táctil, audio-guías y buses eléctricos adaptados. De acuerdo con la UITP (2024), este modelo combina modernidad con equidad, siendo uno de los más valorados en Sudamérica. Sin embargo, el desafío es común: garantizar que las buenas prácticas de la capital se extiendan a todo el territorio, evitando que la inclusión se concentre solo en zonas céntricas.

Si ampliamos la mirada, países como España y Suecia muestran hasta dónde puede llegar una política de inclusión cuando se sostiene en el tiempo. En Madrid, la accesibilidad está integrada en todo el sistema: rampas, ascensores, señalización en braille, sistemas de voz y pantallas subtituladas en estaciones y autobuses. Todo esto está respaldado por la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad (2013) y monitoreado mediante auditorías públicas periódicas. En este modelo, las normas no se quedan en el papel: se cumplen, se supervisan y se mejoran cada año.

En Suecia, el concepto de “Diseño para todos” es el corazón de su política de movilidad. Cada elemento, desde los vehículos hasta las aplicaciones digitales, está pensado para ser utilizado por cualquier persona sin requerir asistencia especial. Este enfoque, promovido por la Swedish Transport Administration (Trafikverket, 2023), ha permitido que la accesibilidad sea más un estándar cultural que una obligación legal. No obstante, incluso allí surgen nuevos retos: el envejecimiento poblacional exige adaptar la cobertura universal también a las zonas rurales, donde el transporte público es menos frecuente.

Estos ejemplos, distintos entre sí, coinciden en una idea común: la inclusión no depende solo de la infraestructura, sino del compromiso sostenido por hacer de la movilidad un derecho compartido. En algunos lugares se logra con tecnología, en otros con leyes o subsidios, pero en todos la clave ha sido entender que moverse es mucho más que trasladarse: es poder participar plenamente de la ciudad.